NUEVA REPETICIÓN DE ELECCIONES

2 Octubre 2013

VERGONZOSA E INJUSTA RESOLUCIÓN DEL C.A.D.D. AL ANULAR LOS DERECHOS DE 3.421 ELECTORES CON VOTOS VÁLIDOS

En una sorprendente e incomprensible decisión, el nuevo CADD decreta la nulidad del acto de votación para la elección de los asambleístas por el Estamento de Deportistas y ordena repetir las elecciones afirmando que “…  la situación interna de la Real Federación Andaluza de Golf es de una gravedad extrema”.

Como anunciábamos en nuestro comunicado anterior, después de la segunda dimisión de la Comisión Electoral, cinco miembros del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, incluido su presidente, también presentaron su dimisión, quienes han sido ya sustituidos por otros cinco miembros que emiten su primera y sorprendente Resolución de los Expedientes E-70 y E-72/2013 (pinchar el enlace) donde en una extensa y más que discutible exposición de lo que consideran los hechos, y obviando o pasando por alto (quizás por no haberlo estudiado y analizado en profundidad) lo realmente ocurrido durante el proceso de votación del pasado verano, desestiman el recurso presentado contra la validez de los votos por correo enviados con un certificado de licencia expedido por la Secretaría de la RFAG en lugar de la copia de la licencia exigida por la normativa, decisión que solo podemos atribuir a un desconocimiento del expediente debido a su falta de estudio en profundidad, o a presuntas presiones políticas.

Solo para información de los federados, nos referimos aquí a algunos de los puntos que ha obviado el CADD en su mencionada resolución, muestra evidente de que “no se han leído el expediente, el Acta oficial de la Mesa Electoral ni los recursos presentados contra la validez de los certificados de licencia” sin tener en cuenta, además, las numerosas pruebas presentadas con los mismos:

•    No se hace referencia en ningún momento a dos hechos decisivos atribuibles a la Administración autonómica, y que han marcado estas elecciones federativas desde su comienzo en abril de 2012: Primero, la NO EXISTENCIA de un convenio con los Servicios de Correos para garantizar la identificación veraz del elector en el voto por correo que exige la normativa electoral, y segundo, la EXISTENCIA de una Comisión Electoral y una Comisión Gestora totalmente afines y defensoras de la candidatura del anterior presidente, y que han hecho imposible poder celebrarse unas elecciones limpias, democráticas y con imparcialidad, circunstancia que fue puesta en conocimiento del CADD mediante impugnación que fue desestimada por el propio CADD al comienzo del proceso electoral y mediante numerosos recursos donde se pedía la apertura de expediente contradictorio para decretar su expulsión.

•   La Mesa Electoral, en contra de lo que el CADD expone, fue constituida de forma totalmente legal y también legalmente ejerció sus funciones como así lo hacen constar los firmantes de los recursos presentados. Existen evidencias de que tanto el presidente de la Mesa como uno de los vocales, fueron precisamente los dos primeros votantes que acudieron a ejercer su derecho al voto presencial, reclamando la aplicación de la norma y ejercer su derecho a formar parte de la Mesa Electoral al no haber comparecido a su constitución ninguno de los sujetos asignados por sorteo, derecho que los 42 firmantes (mayoría de candidatos) del acta de constitución reconocieron, y que para evitar conflictos y facilitar que se celebrase la votación aceptaron complementarla con dos miembros más debido a la exigencia del anterior presidente, a pesar de que según la normativa electoral la Mesa podría haber estado formada solamente por dos miembros.

•   Consideramos un desprecio y una humillación hacia los componentes de la Mesa Electoral y hacia los 3.421 electores que una vez verificada por los cuatro miembros de la Mesa Electoral la documentación aportada y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral declaró sus votos como VALIDOS introduciéndolos en la urna al efecto, siendo ahora el CADD quien con su injusta resolución les priva a estos electores de sus derechos, anulando sus votos ejercidos de manera totalmente legal y ordenando repetir las elecciones.

•    Sorprende también ver como el CADD da el mismo tratamiento a los votos válidos presentados de acuerdo con la normativa y escrupulosamente verificados por la Mesa Electoral, que a aquellos votos que presentaron diversas irregularidades detectadas por los cuatro miembros de la Mesa y que con buen criterio fueron apartados y no introducidos en la urna de votos válidos para no contaminarla y para facilitar una posterior decisión por parte de los órganos correspondiente acerca de su validez, entre los que se encontraban 577 votos enviados con certificado de licencia (en lugar de copia de la licencia) y también los más de 50 votos recibidos de electores que manifiestan mediante testimonio notarial no haber votado. Estos son los votos litigiosos en los que entendemos, debería concentrarse el CADD y no en anular los votos declarados como válidos por la Mesa Electoral.

•    Pensamos que la única explicación para que este nuevo CADD haya tomado esta injusta decisión, solo se la podemos atribuir a una supuesta “pereza” a estudiar y analizar en profundidad todo el extenso expediente del proceso de votación, o quizás a una supuesta presión “política”, ya que si su misión es hacer justicia, después de una exhaustiva investigación deberían decidir sobre la validez o no de los 647 votos considerados como litigiosos por la Mesa Electoral, incluyendo la remisión a la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de delitos penales, la documentación entregada por los interesados de los más de 50 votos falsificados cuyos electores aportando pruebas, manifiestan notarialmente NO HABER VOTADO, todos ellos casualmente socios del Club de Golf Guadalmina, donde en las elecciones de este club el pasado mes de marzo también se produjeron irregularidades muy similares a éstas.

•    Consideramos esta resolución como una decisión totalmente injusta y errónea, al constatar que algunos de los razonamientos expuestos por el CADD no corresponden a la verdad, y que claramente se deduce de ello que para dicha resolución los nuevos miembros del CADD no han tenido en cuenta ni considerado las pruebas aportadas en los recursos presentados.

No estamos de acuerdo con esta injusta Resolución, por lo que presentaremos un Recurso Potestativo de Reposición y si fuera necesario un Contencioso Administrativo para defender nuestros legítimos intereses y que consideramos es de justicia.